Hoy nos
despertamos con la noticia del fallecimiento de una niña en el Condado de
Treviño, provincia de Burgos. Según informan diferentes medios de comunicación,
la familia solicitó al servicio de emergencias de Osakidetza (País Vasco) una
ambulancia para trasladar a la pequeña. Siempre y según versión de los medios,
se les hizo negó, argumentando que el vehículo debía de desplazarse desde la
localidad de Miranda de Ebro. Finalmente, la familia traslada en su vehículo
particular a la pequeña al Hospital de Txagorritxu donde horas después
falleció.
Ante estos
hechos tan graves, las autoridades han decidido abrir una investigación
(Faltaría más, pero llega tarde para esa niña y para sus familiares). En un
juicio previo y a la vista de la información facilitada, todo parece indicar
que, al menos, hubo una falta de coordinación o una descoordinación entre
administraciones y/o servicios de emergencias, independientemente de cuáles
sean las conclusiones de la investigación.
Todo ello
nos lleva a reflexionar sobre el modelo social y territorial de España y cuáles
pueden ser sus consecuencias. Sin duda, tenemos un modelo descentralizado que
funciona y que ha servido para acercar los servicios al ciudadano. Sin embargo,
si continuamos anteponiendo criterios de territorialidad, a criterios de
solidaridad en cuanto a la prestación de servicios sociales y asistenciales de
primera necesidad, el que caso que hoy nos ocupa, desgraciadamente, se repetirá en más ocasiones.
Debemos plantearnos si los criterios
utilizados son los adecuados y si han de primar los intereses o la burocracia territorial,
sobre los intereses, derechos y servicios prestados a los ciudadanos. Conviene
recordar los artículos 2 y 14 de nuestra Constitución:
Art. 2 La
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.
Art. 14 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
De su
análisis desprendemos dos conceptos que los nacionalismos e independentismos se
han encargado de dinamitar y que en
ocasiones, los partidos mayoritarios han sido laxos la exigencia de su
cumplimiento: SOLIDARIDAD ENTRE LAS
REGIONES/NACIONALIDADES E IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES.
Sobre estos
dos pilares debemos construir una España Social, Solidaria, Integradora y a la
vez Descentralizada, con Autogobierno para los Territorios que la componen. Si
falla uno de estos dos pilares, fallará el sistema y el modelo de convivencia,
tal y como lo ha hecho en esta ocasión.
Sobre la
mesa quedan las dudas de cuál habría sido la suerte de la niña en caso de que
se hubiese producido una coordinación adecuada y nos surge una exigencia a las
administraciones, a sus responsables y a las personas que finalmente deben
aplicar las normas:
¡ESTAMOS
HABLANDO DE PERSONAS!
Pensemos, Legislemos y Gobernemos
para PERSONAS.
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