Imputad@s por corrupción: Dimisión o Cese

Vivimos en los últimos tiempos una oleada de casos de corrupción, de cuya existencia el imaginario colectivo era consciente, pero toleraba. Eran otros tiempos, los tiempos de la bonanza, de la picaresca española, del roba y no pasa nada. Cayeron en el “negocio” de la corrupción polític@s, empresas y hasta familias reales.

Uno, preocupado por lo público, que al fin y al cabo es lo de tod@s, se admira al ver las diferentes reacciones de los partidos ante los casos de corrupción. Lo hace porque le produce estupor y vómito observar las peregrinas excusas utilizadas para defender a lo que suelen llamar “un@ de l@s nuestr@s”.

Muchas veces me pregunto ¿Cuándo se plantea un cargo público que ha llegado el momento de dimitir ante un caso de corrupción? Sinceramente como no me he visto en la situación probablemente mi posición podría ser errónea, pero creo que es ética. Sí ética, esta palabra tan olvidada y apartada de la vida pública, que trataban de enseñarnos en los años 80 a aquellos alumn@s  díscolos que no cursábamos religión (imagínense la ética era una alternativa a la religión, como si la primera no debiera ser un eje en el que se asentara el resto de la formación, de aquellos polvos estos lodos). Esa ética, pilar sobre el que debe fundamentarse la vida pública, que la sociedad reclama y una parte importante de l@s servidores/as públic@s nos niegan.

La respuesta a la pregunta debería quedar meridianamente clara, de modo que no existiese lugar a la duda o la trampa a la hora de dimitir. La dimisión debería producirse cuando se produce un choque frontal o una transgresión de lo éticamente correcto.  Es decir, ¿Es éticamente correcto estar imputad@ y seguir en el cargo? ¿Es éticamente correcto para un partido mantener a un@ representante público imputad@ en su puesto? No debería existir duda alguna, la respuesta contundente y rotunda debería ser NO.

Y vendrán quienes digan que la imputación simplemente facilita la defensa del imputado, ya que tendrá otras garantías diferentes a las de calidad de testigo, pero la decencia política y el deber moral o ético, debería obligar renunciar o suspender de sus funciones, en tanto en cuanto se esclarece la culpabilidad o no en el delito del que se le acusa. (Tengamos presente que la imputación implica l
a acusación a una determinada persona de haber cometido un delito)
Podremos entrar a valorar si judicialmente el hecho de estar imputado no implica necesariamente culpabilidad, podremos discutir si la acusación responde a otros intereses diferentes a la justicia, podremos discutir cuál debería ser el papel de los partidos o las personas implicadas en el asunto en caso de que finalmente se demuestre la inocencia, pero la renuncia al menos de forma preventiva debería de producirse SIEMPRE.

Y ni siquiera deberían de ser los partidos los que reclamasen o impusiesen el cese o la suspensión de militancia. Debería de existir la decencia, la responsabilidad y el compromiso con el partido por parte de l@s representantes públic@s, para solicitar de forma voluntaria la suspensión de militancia o el cese en sus funciones, hasta que se esclarezcan los hechos de los que son objeto de acusación.

En estos momentos la sociedad demanda transparencia, los famosos bolsillos del cristal, la honorabilidad, honradez, decencia política y el compromiso con el servicio público, la política no ha de convertirse en una profesión, es tiempo de acabar con l@s profesionales de la política. No hablo de aquellas personas valiosas y trabajadoras que hacen un servicio y un esfuerzo personal admirables, si no de aquell@s parásitos que arriman el ascua a su sardina y con su poco trabajo y profesionalización de su cargo público, empañan o enturbian el trabajo del conjunto, que por vocación y con demostrado compromiso cumplen sobradamente sus obligaciones sociales.

¿Por qué no puede dimitir o puede ser cesada una determinada persona imputada en un caso de corrupción? ¿Por qué no tiene dónde ir? ¿Por qué no tiene profesión? ¿Por qué se ha acomodado a vivir del erario público?

No existe ninguna circunstancia que impida la dimisión o el cese y si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es positiva, será la constatación de que los partidos han fallado y se han convertido en burocratizadas maquinarias anquilosadas, de colocación de personal, por circunstancias distintas al mérito o las capacidades de las personas.

Está en la mano de los partidos y de sus integrantes apartar a las manzanas podridas, quitarlas del cesto, desecharlas, para que no se ensucie la imagen de las manzanas sanas y lustrosas. No tendrán que venir de afuera a hacerlo, ni deberemos tolerar el castigo, menosprecio y repulsa de la sociedad, debemos de ser nosotr@s mism@s quien presentemos a la sociedad una alternativa a la situación actual, quienes demos una imagen real de limpieza democrática, quienes demostremos que las personas que ofrecemos para representar a la sociedad tienen una cartilla LIMPIA E INTACHABLE. De lo contrario, nos veremos como víctimas de nuestros silencios y complicidades, corresponsables con l@s culpables y alejados, muy alejados de esa sociedad a la que aspiramos a representar digna y honradamente.