Copago, repago, ¿Servicios Públicos o Privados?

Cataluña como en tantas otras ocasiones ha sido vanguardista, en este caso de una medida que por impopular, injusta e insolidaria: la instauración del euro por receta, el copago sanitario, el repago o como quieran llamarlo. En definitiva, han consagrado la privatización como única alternativa posible para el sostenimiento del sistema público (si aún se puede llamar público) de sanidad.

Y en este punto debemos destacar un aspecto que en otros tiempos pasaría inadvertido, pero que hoy en día, dado el poder institucional, casi hegemónico del PP en España, no puede dejarse de lado, y es que el partido que ostenta ese poder ha sido uno de los que ha facilitado este atropello a la Sanidad Pública Catalana. Hemos oído acto seguido al Presidente de Galicia aplaudir la medida y justificar la posición de la derecha catalana, al tiempo que desde el gobierno se aseguraba que el copago no entra dentro de sus planes. En definitiva, un doble discurso que les sirve para salir al paso de posibles ataques en vísperas de unas elecciones en Asturias y sobretodo en Andalucía, donde estas medidas impopulares, atacarían la línea de flotación del silencia cómplice e interesado del señor Arenas.

Está claro cuál va a ser el camino de la derecha nacional, vista su posición solidaria con la derecha catalana y es que los servicios públicos han de ser de segunda y residuales. Quien tenga dinero que pague sanidad y educación y quien no lo tenga, bien que se aguante o bien que se vaya a la pública o simplemente se muera del asco.

En el fondo se encuentra el eterno enfrentamiento ideológico entre la derecha y la izquierda, el capital dinerario y el capital humano, el rico y el pobre, el especulador y el obrero, los privilegios y la servidumbre. Lamentablemente la derecha considera un tabú la palabra “público” porque lo identifica sustancialmente con derroche, aprovechamiento indebido, con malgasto de recursos, con injusticia; y lo hacen porque realmente creen que lo que otros vemos como solidaridad interclasista, ellos lo ven como una concesión a quienes no se lo merecen o no se lo han trabajado lo suficiente.

Es evidente que pueden existir abusos y derroches, por supuesto, eso nadie lo está negando y que pueden existir miles de cosas que mejorar de nuestros servicios públicos, pero ello no significa que para solucionarlo, arrojemos a manos llenas el capital público a las manos privadas si más.

Niego la mayor: La gestión privada no es más eficiente y más eficaz que la gestión pública. Y me explico, desde el punto de vista social, la gestión pública llega donde otro tipo de gestión nunca llegaría, aún necesitando mejorar el punto de vista económico. Todos sabemos que la gestión privada persigue unos “beneficios económicos” y a ello dedican la mayor parte de sus recursos y de sus esfuerzos, por lo que ajustan “el servicio prestado” al “beneficio económico” que pueden conseguir. Por el contrario, una gestión pública persigue un “beneficio social” y para lograrlo ajusta sus capacidades económicas al “beneficio social” que necesita cubrir.

Veamos un ejemplo ilustrativo, un enfermo de Alzheimer o un enfermo de cáncer o un enfermo crónico, para un sistema privado supone un gasto y por tanto en aras de maximizar su beneficio, tratará de reducir ese gasto lo máximo posible. Sin embargo, para un sistema público el mismo enfermo es “una persona con especiales dificultades” que requiere unos cuidados acordes a su situación independientemente de cuál es su situación patrimonial o social. Por tanto, el sistema privado verá logrado su objetivo cuando reduzca o haga desaparece ese gasto, mientras que el sistema público se verá satisfecho sabiendo que ha prestado un servicio necesario en un momento difícil.

Sin llegar a ser un adivino, a día de hoy y tras la aprobación de ayer en el Parlamento catalán, podemos asegurar que una serie de medidas similares vendrán en cascada en otros puntos de España, como consolidación de un modelo viciado en el origen mismo de su planteamiento y que llevará discriminar a los enfermos en clases o castas, dependiendo de sus dolencias, así las consultas ambulatorias o de reducido coste serán gestionada por el sector privado y los tratamientos costosos, crónicos o terminales serán asumidos por el sector público. De tal manera que contribuirán aún más a demostrar la falsa teoría de que la gestión pública es más costosa.

Hoy hablamos de la sanidad, pero mañana hablaremos de la educación, es más, hoy ya se está hablando de la educación, de la segregación que se hace de alumnos en función de sus rentas, de los barrios en los que viven o de las condiciones económicas de sus progenitores y nuevamente la derecha está siendo la artífice de estos retrocesos a pasos agigantados en nuestro Estado del Bienestar en base a una supuesta “libertad de elección” y está entregando dinero público a entes privados, cuando los entes públicos son capaces de absorber el número existente de alumnos. Están convirtiendo por tanto, la educación pública en algo subsidiario y residual de la privada (llámese privada a secas o privada concertada). Pero estas medidas se están poniendo en marcha, en cierta medida porque otros cuando tuvieron oportunidad de poner coto a esta barra libre no lo pusieron, por ello, hoy como ayer seguiré reclamando la anulación de los conciertos, a todas luces innecesarios.

La gran pregunta que se nos hace siempre a quienes defendemos una gestión pública de los servicios esenciales es ¿De dónde sacarían ustedes el dinero? En primer lugar, se trataría de corregir los desvíos en los excesos o desmanes de algunos ciudadanos y para ello, se hace imprescindible la concienciación de que lo público es de todos y por tanto, debemos cuidarlo como si de cada uno de nosotros se tratase. En segundo lugar, vía impuestos, sí sí vía impuestos, siempre he criticado a quienes ligeramente decían que “bajar impuestos es de izquierdas”.

Existen en España unos cuantos señores y señoras que gozan de unos privilegios asociados a las SICAV, que podrían contribuir en un porcentaje mayor al que lo están haciendo (ridículo), el céntimo sanitario (o los dos céntimos), la compra conjunta de medicamentos (algunos gobiernos autonómicos se lo están planteando, ¡¡bien por ellos!!), aumento de impuestos sobre alcohol y tabaco, lucha contra el fraude fiscal incrementando los inspectores y las inspecciones de la Agencia Tributaria, establecimiento de un régimen impositivo a la Iglesia Católica (hoy en día con privilegios cuasi-medievales, impuesto para viviendas cerradas, incremento del IRPF a rentas superiores a 72.000 euros anuales y establecimiento de nuevos tramos con nuevos tipos para las rentas más altas. Estos son algunos de los ejemplos que podrían llevarnos a un sostenimiento y mejora de nuestros sistemas públicos de sanidad y educación. La solución a los problemas de los servicios públicos no se resuelve privatizándolos, si no reforzándolos, mejorándolos y protegiéndolos.